29 noviembre, 2020

Defensa de Álvaro Uribe pide a la Corte Suprema nombrar un conjuez

La Corte Suprema ordenó detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por fraude procesal y soborno en la presunta manipulación de testigos. La noticia fue confirmada por el mismo expresidente Uribe a través de su cuenta de Twitter: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria".

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que nombre un conjuez en el marco de la investigación que se adelanta en contra del hoy senador por presunto fraude procesal y soborno. La petición busca que la Sala tenga a sus seis integrantes ya que actualmente el asunto lo están conociendo cinco, ya que la magistrada Cristina Lombana fue separada de este caso en mayo de 2019 por su doble de condición de ser militar y juez.

“El propósito es que conformando esa sala de seis se pueda tomar decisiones de fondo en este caso”, señaló el abogado Granados a Blu Radio. La petición llega más de un año después de que la magistrada Lombana fuera separada del conocimiento del caso por sus propios compañeros al estimar que “el mantenimiento de su estatus militar en servicio activo genera duda razonable sobre el manejo adecuado de sus legítimos intereses personales”. El caso quedó entonces en manos del magistrado César Reyes, quien continuó la investigación.

(En contexto: Iván Cepeda pide a la magistrada Lombana que se retire del proceso contra Uribe)

Uribe Vélez rindió indagatoria el 8 de octubre de 2019 por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con una supuesta intención de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien ha vinculado al expresidente con la presunta creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). Ahora, casi diez meses después, la Sala de Instrucción se apresta a definir su situación jurídica, Esto es, si le ordena una orden de captura, le dicta casa por cárcel, le impone alguna restricción de movilidad o decide que puede seguir en libertad enfrentando el proceso.

Para el abogado Granados, esa decisión la debería tomar la Sala de Instrucción completa. “Hay una enorme presión sistemática durante dos años desde varios sectores de la opinión pública en este caso. Nosotros hemos sido profundamente respetuosos de la independencia de las autoridades judiciales”, dijo Granados a la emisora. Según el abogado, aunque la Sala puede perfectamente tomar la decisión con los cinco integrantes de acuerdo con la ley, la petición se hace para que se aplique la Constitución Política “que fija el número de magistrados que conforman esta Sala Especial”. “Nosotros llevamos nueve meses esperando que se defina la situación jurídica y desde diciembre por tarde estábamos esperando una decisión que hasta ahora al parecer se va a dar”, manifestó.

(Le puede interesar: Los 11 reclamos de la defensa de Álvaro Uribe a la Fiscalía y la Procuraduría)

El lunes en la noche, las altas cortes hicieron una llamado a que se respeten las decisiones judiciales en un comunicado: “El sistema judicial, como componente esencial del Estado de Derecho, debe respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance. En la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico. Por eso, no solo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales”, dice el comunicado.

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