El cuatro de marzo de 2018 el hoy Secretario Distrital de seguridad escribió en la Red Cachaca de la Silla Vacía un atractivo análisis sobre su visión del orden que debe tener en el POT la Seguridad la defensa y la justicia en una ciudad como Bogotá. Como se viene el momento de la discusión y expedición de nuevo Plan de Ordenamiento territorial, El justiciero transcribe en su integridad y sin modificaciones dicho documento para que nuestros lectores estén enterados de a qué nos enfrentamos en materia de seguridad con el actual secretario del Ramo teniendo en cuenta que ni lo expresado el año 2018 ni lo anunciado en programa de gobierno de Claudia Lopez que muy seguramente es lo que piensa si secretario Hugo Acero, han dado resultados positivos aceptables como suficientes para disminuir la criminalidad en la ciudad y por el contrario lo que se observa es que va en aumento descontrolado, con una policía caminando en contravía y una autoridad de seguridad que se enfrenta con el gobierno nacional por una bodeguera a la que quieren llamar URI. La situación de la inseguridad en Bogotá es alarmante y el secretario de seguridad convivencia y justicia sabe que cuenta con nuestro apoyo no solo periodístico sino especializado para enfrentar esa otra pandemia que amenaza con superar en muertes y afectación económica a la del coronavirus. Aquí el escrito completo del 04 de marzo de 2018

Hay que ordenar la seguridad, la defensa y la justicia en Bogotá

El nuevo POT debe definir qué hace con las instalaciones militares en la ciudad, la reubicación o reconstrucción de las cárceles, los equipamientos de la Policía, Fiscalía y justicia cercana a los ciudadanos hacia las áreas de expansión, entre otros temas.Hugo Acero522 SeguidoresSeguir

La seguridad, la defensa y la justicia de una ciudad como Bogotá, y en general de las grandes ciudades colombianas, debe planearse y ejecutarse teniendo en cuenta tres dimensiones, la primera, los hechos de violencia y delincuencia que afectan la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de Bogotá y de los municipios circunvecinos, hechos que en muchos casos se comparten e interrelacionan, dinámicas violentas y delincuenciales que no reconocen fronteras municipales, ni departamentales.

La segunda, hay que planear y ejecutar los temas de seguridad, defensa y justicia, teniendo en cuenta los riesgos naturales y antrópicos, como el terrorismo, que puede afectar de manera grave los equipamientos estratégicos que hacen que Bogotá, los municipios circunvecinos y el departamento de Cundinamarca puedan funcionar de manera adecuada, en términos económicos y sociales; es el caso de la infraestructura estratégica, como son los embalses, las centrales de energía, las redes de transporte de energía, agua, gas y combustibles, las antenas de comunicaciones, centrales de abastos, vías de salida y acceso a la ciudad, etc. En las dos dimensiones, hay que tener en cuenta el ordenamiento territorial presente y futuro de la ciudad y de la región.

Y la tercera dimensión, tiene que ver con el ordenamiento territorial presente y futuro de la ciudad. Hoy cuando se va comenzar a discutir el nuevo POT para Bogotá y se va a definir el ordenamiento de cada uno de los servicios dotacionales, de acuerdo con el modelo de crecimiento y desarrollo que se quiera para la Ciudad – Región, la ubicación y funcionamiento de los dotacionales de seguridad, defensa y justicia deben ser pensados teniendo en cuenta las dimensiones anteriormente expuestas.   

Defensa

En 2003, cuando se elaboró el primer Plan de Equipamientos de Defensa, Seguridad y Justicia, con base en el Plan de Ordenamiento Territorial y posteriores modificaciones, las amenazas que la ciudad y la región tenían en materia de conflicto armado, en lo que hace a grupos armados al margen de la ley, eran las siguientes:

Las Farc y el ELN, que operaban con siete frentes, siete compañías móviles y dos columnas de las Farc. Y un frente del ELN.

Estas organizaciones contaban con la capacidad de atacar a la Fuerza Pública, hacer actividades terroristas preferencialmente urbanas y sabotajes contra la infraestructura de servicios públicos, generando caos y entorpeciendo o retardando el logro de los objetivos de desarrollo de la Ciudad-Región.

Además de las milicias urbanas del ELN y Bolivarianas de las Farc que operaban en barrios periféricos y universidades públicas de la ciudad de Bogotá.

Otra amenza eran los paramilitares.Los grupos armados ilegales de autodefensas que tenían presencia armada en las regiones del Bajo Magdalena, Rionegro y Ubaté, Centro de la Sabana de Bogotá, Gualiva, Occidente de la Sabana y Magdalena Centro, lo mismo que por las áreas de Soacha, Sumapaz y Suroriente Cundinamarqués. En el caso de Bogotá, a comienzos de este siglo comenzó a operar el Bloque Capital de las AUC, organización que no se reportó como desmovilizada tras los Acuerdos de Paz con estos grupos en los años 2003 y 2004.  

Para enfrentar estas amenazas, desde finales de los noventa se activó el Plan Candado, donde además de las unidades de la policía y del ejército en la ciudad y en Cundinamarca  se crearon y/o fortalecieron el Batallón de Infantería Sumapaz en Fusagasugá, el Grupo Mecanizado Tequendama con puesto de mando adelantado en la Calera, el Batallón de Artillería Landazábal con ubicación en Tunjuelito, El Batallón de Alta Montaña en Sumapaz, además unidades de Policía Militar orientadas a enfrentar la urbanización del conflicto armado, en especial en las localidades del sur y occidente de la ciudad.

En los años subsiguientes, se produce la desmovilización de los paramilitares (2003, 2004), el enfrentamiento decidido y desplazamiento de las Farc en Cundinamarca hacia zonas de retaguardia en otros departamentos (2001, 2015) y posterior Acuerdo de Paz y desmovilización de este grupo (2015, 2017), lo que ha llevado a plantearse el papel de las Fuerzas Militares en el postconflicto, y en particular, hay que mirar la estrategia en materia de seguridad del territorio y de las instalaciones estratégicas en la ciudad, región dentro del futuro Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, teniendo en cuenta que en gran medida han disminuido las amenazas antes expuestas.   

Hay que reconocer que el ELN permanece activo, especialmente en Bogotá y en los últimos meses se ha fortalecido con la vinculación de algunos de los miembros de las Milicias Bolivarianas de las Farc que operaban en la ciudad. Hay que anotar que dentro del proceso de desmovilización de las Farc no fue tan claro si estas milicias se desmovilizaron o no. Por otro lado, el Bloque Capital de las AUC que a finales de los 90 y comienzos este siglo incursionó en la ciudad, tampoco apareció entre los grupos de paramilitares que se desmovilizaron, seguramente se quedaron activos, vinculados al negocio del narcotráfico en la ciudad.          

Teniendo en cuenta las amenazas actuales, ELN que no tiene frentes de las características de las Farc, ni ocupa territorios en Cundinamarca como si lo hizo ese grupo, y el narcotráfico, que también pueden realizar actos terroristas, las acciones en materia de los equipamientos de Defensa dentro del POT se deben orientar hacia el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación criminal, con la participación de la Policía y la Fiscalía, por un lado, y por el otro, hacia la protección y garantía de servicio de las instalaciones estratégicas antes mencionadas, que incluye, además, la protección de las fuentes de agua, energía, combustibles, entre otros.

Es decir, ya no son tan necesarias instalaciones fijas (batallones y brigadas) en el caso del casco urbano de Bogotá. En este sentido, en un trabajo coordinado con el Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y las autoridades municipales y departamentales, se debe definir qué se hace con las instalaciones militares que hoy tienen presencia en la ciudad, dónde reubicarlas o qué otras unidades se fortalecen en el marco de la Ciudad-Región que se proponga dentro del POT para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas y la defensa y funcionamiento del territorio.    

Seguridad

En materia de seguridad, el Plan de Ordenamiento Territorial va más allá de las labores que presta la Policía y con una mirada integral aborda los riesgos antrópicos y naturales. En este sentido, tiene que ver con los equipamientos institucionales (instalaciones, movilidad, comunicaciones y recurso humano) de la Policía y de las instituciones de prevención, socorro y atención de emergencias (Bomberos, Defensa Civil, unidades de prevención y atención de emergencias, Cruz Roja).

En materia de Policía, hasta mediados de los años 90, muchas instalaciones policiales se construyeron o pusieron a funcionar en inmuebles que no tenían las condiciones adecuadas para tal fin o en terrenos no adecuados, como fue el caso de una estación de policía que se estaba construyendo en 1994 en la ronda del río Tunjuelito y que tocó demoler en 1997.

A partir de 1996 se comenzaron a construir las estaciones de las localidades y en 1998 los CAI con diseños arquitectónicos adecuados y ubicados estratégicamente en la ciudad. Con el POT del año 2000 y subsiguientes modificaciones, se definió la construcción y puesta en funcionamiento de estas unidades en las áreas permitidas por esta norma, a través del Plan de Equipamientos de Defensa, Seguridad y Justicia formulado en el 2003.

Hasta el año 2007 las administraciones municipales realizaron este tipo de obras de acuerdo con el POT y el Plan de equipamientos. En los años subsiguientes se retornó a la vieja práctica de ubicar, especialmente los CAI, por recomendaciones de políticos y funcionarios “importantes” y no por la expansión o concentración de población en la ciudad y por las necesidades apremiantes de seguridad en territorios muy alejados y sin servicio de seguridad.

Hoy cuando se plantea la expansión de la ciudad hacia el norte con grandes unidades de vivienda, es fundamental establecer cuáles serán los equipamientos de seguridad y justicia necesarios para una población que puede superar el millón de habitantes. No puede pasar lo de Ciudad Verde en Soacha, donde concentraron más de doscientos mil habitantes y cuando comenzaron a aparecer los problemas de seguridad y convivencia se dieron cuenta que no existía ni un CAI, una comisaría de familia, una inspección o una casa de justicia para atender estas problemáticas. En igual sentido, se requieren equipamientos de prevención, socorro y atención de emergencias (Bomberos, Defensa Civil, unidades de prevención y atención de emergencias).

La ciudad, en la actualidad, sin la expansión proyectada, requiere de nuevos equipamientos, como es el caso de la localidad de Sumapaz, donde se debe construir una estación de policía en San Juan de Sumapaz. Iguales necesidades existen el Altos de Cazucá y hacia Quiba donde se ha expandido la ciudad, como sucede en otras localidades.

Justicia

La justicia, entendida como un apoyo indispensable para el logro de la seguridad y convivencia ciudadana, debe fortalecerse en aspectos tales como infraestructura y equipos, dentro de una estrategia de apoyo a la función policial y de construcción de confianza en la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Los equipamientos sobre los cuales debe trabajar el POT y el Plan Maestro son: de justicia punitiva, como es el caso de la Fiscalía General de La Nación (Unidades de Reacción Inmediata URI, Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI), juzgados cárceles, penitenciarias, y centros de atención y resocialización de menores infractores. De justicia restaurativa, como las unidades de mediación, las casas de justicia, las comisarías de familia, las inspecciones de policía y las unidades de prevención y atención de infractores del Código de Policía 

En esta área son varios los retos que tienen que ver con el fortalecimiento de la investigación criminal en cabeza de la Fiscalía y de la Policía, la reubicación de los juzgados en la ciudad, más cercanos a las instalaciones de privación de la libertad y la reconstrucción de las cárceles Modelo, Buen Pastor y el mejoramiento de la Penitenciaría de La Picota.

En materia de seguridad y justicia, no es posible seguir avanzando como se debiera, sin el mejoramiento de los equipamientos del sistema de privación de la libertad de adultos y de adolescentes, en términos de instalaciones seguras y adecuadas, modelo pedagógico orientado a la resocialización y la reinserción social de los infractores de la ley penal, disciplina y seguridad interna y externa.

En este campo, la Ciudad y la Nación, en primera instancia y con base en el POT y en el plan maestro respectivo, deberían reconstruir las cárceles Modelo y Buen Pastor y el Centro Especializado de Adolescentes en los terrenos que hoy ocupan. En el caso de La Picota se requiere un plan de regularización para definir su posible ampliación y mejoramiento, con bajo impacto sobre los barrios circunvecinos.

En este campo hay que llamar la atención porque es muy difícil concretar la idea de reubicar las cárceles en otros municipios que no están dispuestos a recibir este tipp de equipamientos. Hay que decir que donde están hoy tiene cierta aceptación y los esfuerzos se deben orientar a mejorar los entornos de estos establecimientos tal y como se hizo con la Cárcel Distrital, que es la mejor cárcel que hoy tiene el país, con un bajo impacto en el barrio donde está ubicada. En segunda instancia, la Nación y Cundinamarca deben construir una cárcel regional para atender las necesidades de los demás municipios del Departamento y de la región central del país.

Finalmente, hay que fortalecer la justicia cercana a los ciudadanos, a través de las comisarías de familia, las inspecciones de policía, las casas de justicia, los centros de mediación y las unidades de prevención del nuevo Código de Policía.          

Escalada de violencia en Bogotá y falta de medios para judicialización y juzgamiento elementos para solicitar al presidente Ivan Duque la declaratoria de conmoción interior.

La Constitución de Colombia dice textualmente que en “caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella”.

Estamos ante esa grave perturbación afinada por el coronavirus, la falta de respeto de la ciudadanía a la autoridad militar y de policíaca incapacidad de la administración de Bogotá para controlar la delincuencia organizada, las pandillas, la violencia intrafamiliar, los traficantes de drogas, los milicianos de las diferentes guerrillas mas las bandas criminales y paramilitares que operan en la ciudad y la corrupción oficial y privada. No hay necesidad de mencionar aquí los diversos hechos de violencia y criminalidad que demuestran la existencia de los anteriores factores de inseguridad porque las estadísticas oficiales y los medios de comunicación nos tienen suficientemente informados y advertidos de que no se puede salir solo ni al cajero y muchos ciudadanos claman por la autorización del porte de armas legítimas para su propia defensa y la de sus familias y propiedades.

La administración no cuenta con suficientes e idóneas estructuras de lucha contra el crimen, es necesario contar con cárceles de mediana intensidad y mas unidades de Reacción Inmediata (URI) pero que en ellas se cuente con la presencia y actuación permanente de Jueces, Fiscales y Cuerpo técnico de investigación de manera que se pueda judicializar en tiempo real a los delincuentes durante las 24 horas del día. Lograr conseguir los recursos económicos técnicos y políticos para hacer realidad este propósito exige declarar la conmoción interior para Bogotá.

En el estado de conmoción interior, el Gobierno queda provisto de facultades para “conjurar las causas de la perturbación o impedir la extensión de sus efectos”. Para lograr el propósito, entre otras medidas, el Gobierno queda facultado para limitar el desplazamiento de las personas y restringir manifestaciones. (Ni con cuarentena lo ha logrado Bogotá y los factores generadores de inestabilidad crecen a diario). También puede entre otras cosas imponer contribuciones fiscales y parafiscales y modificar el presupuesto nacional. La conmoción interior le da facultades también a las autoridades para que con orden judicial o sin ella, detenga de forma preventiva a personas sobre las que se tenga algún indicio de estar comprometidas en delitos. También realizar inspecciones a domicilios sin necesidad de una orden judicial previa. Los últimos días en Bogotá han sido muestra dramática del desbordamiento de los factores de inestabilidad y disfuncionalidad social, si la Secretaría Distrital de Seguridad convivencia y Justicia no logra desarrollar las tres fases mas importantes para el logro de la seguridad la convivencia y la justicia, la situación empeorará al punto de que se volverá incontrolable, el Secretario Hugo Acero le anunció al Justiciero que viene trabajando en la estructuración de Sedes de Justicia pero pensamos que es insuficiente, veamos lo que dice en el siguiente video:

La ciudadanía no solo en Bogotá sino en todo el Pais se queja sin solución de la imparable inseguridad, en zonas urbanas y rurales ya se volvió a organizar la guerrilla y con varias facciones acuden permanentemente al secuestro, chantaje, extorsión, y todas las formas de violencia incluidos el reclutamiento de menores y la asunción de funciones de policía llegando al extremo de hacer cumplir la cuarentena y los toques de queda en sitios vedados para las autoridades legítimas, desde todos los sectores le piden al gobierno nacional que decrete la conmoción interior o estado excepcional, en Bogotá esa sería la mas inmediata oportunidad para entrar a solucionar de manera estructural la falta de elementos jurídicos, económicos y políticos para identificar el delito, perseguirlo, destruirlo y de inmediato iniciar la reconstrucción del tejido social afectado por la delincuencia, la marginalidad y la pobreza.

En El Justiciero reconocemos la importancia del trabajo profesional y dedicado que viene desarrollando el Doctor Hugo Acero al frente de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, lo invitamos a no desfallecer y a intentar que la alcaldesa le permita cumplir cabalmente la construcción y organización del programa de construcción de cárceles de mediana intensidad y las URI que necesita la ciudad pero con integración gubernamental e interinstitucionalidad que hagan posible su funcionamiento de 24 horas, con jueces, fiscales y CTI pensando en la judicialización en tiempo real para evitar los traumatismos de la falta de pruebas, el vencimiento de términos y la no judicialización oportuna por falta de denuncia oportuna. Sobre la construcción de mas URI el Secretario dijo lo siguiente, escuche en el siguiente video: