La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los confinamientos han llevado a la salida en tropel de las personas entre 15 y 25 años, ansiosas de divertirse. La OMS lanzó una seria advertencia.© Carsten Rehder/ AP «Pregúntense: ¿realmente tengo necesidad de ir a esa fiesta?» OMS
¿Egoístas, irresponsables y peligrosos? Los jóvenes son señalados por entidades como la OMS y autoridades sanitarias como aceleradores de los rebrotes de coronavirus, pero son una población difícil de disuadir en pleno apogeo del verano.
«Pregúntense: ¿realmente tengo necesidad de ir a esa fiesta?» Tras implicarlos directamente a los jóvenes a finales de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió el jueves, en boca de su director de emergencias sanitarias, Michael Ryan.
La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los confinamientos han llevado a la salida en tropel de las personas entre 15 y 25 años, ansiosas de divertirse.
Los locales nocturnos son vistos por las autoridades sanitarias como nidos de covid-19. Suiza, uno de los primeros países en reabrir sus discotecas, lo experimentó en carne propia.
En Ginebra, entre 40 por ciento y 50 por ciento de los casos detectados en la última semana de julio «estuvieron ligados a personas que frecuentaron discotecas y bares, locales para bailar o donde la gente está muy junta», deploró el profesor Didier Pittet, jefe del servicio de prevención de infecciones del hospital universitario de Ginebra.
En otros países, las discotecas siguen cerradas o reducidas a simples bares con sus pistas de baile prohibidas, como en Ibiza, una de las capitales mundiales de la fiesta.
Pero eso no detiene a los jóvenes con deseo de divertirse, que siguen reuniéndose al aire libre.
Cerca de Manchester, fiestas raves han congregado a entre 2.000 y 4.000 personas. En Londres, la policía se afana en desmantelar fiestas ilegales, y en París el Bosque de Vincennes se convirtió en el epicentro de las «free party», fiestas clandestinas de música electrónica, sin mascarillas ni distancia social.
Para los organizadores, como Antoine Calvino, «la fiesta es vital. Es un válvula de escape y una zona de tolerancia sin igual».
El coronavirus también causa dalos en el cerebro, según estudios científicos. Más información aqui:
– Confinamiento o libertad total –
En Alemania también hay alarma por lo que el jefe del instituto de referencia Robert Koch, Lothar Wieler, llama fiestas «temerarias». «Aún cuando son jóvenes, estadísticamente menos susceptibles de estar gravemente enfermos, pueden infectar a sus familias», advirtió.
El número de contagios, a menudo asintomáticos, aumenta.
En Canadá, los menores de 39 años representan la mayoría neta de nuevos casos. Los jóvenes «no son invencibles» frente al virus, señaló la dirección de salud pública.
En todas partes, las autoridades buscan poner coto al fenómeno.
España busca hacerle frente al problema. Según el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, los jóvenes son «un grupo más difícil de controlar», con «un estilo de vida y unas ganas de vivir muy diferentes a otros».
Sugirió controlar, incluso imponer «algún mecanismo punitivo», pero sin «demonizar a estas personas».
Difícil de encontrar el balance para dirigirse a este grupo.
«¿Qué han entendido» los jóvenes?, se pregunta el sociólogo Mariano Urraco, especialista en jóvenes. Antes era «confinamiento, ahora libertad. Para ellos no se trata de libertad vigilada, sino total», estima.
Luego de una campaña para advertir de los riesgos de los «botellones», beber alcohol en la vía pública, la alcaldía de Madrid divulgó un video sobre la importancia de llevar mascarilla, pese a que pueda ser incómoda.
Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes bebiendo cervezas, luego una discoteca, una unidad de cuidados intensivos y al final una cremación, con la leyenda: «Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete, protégenos».
SUSCRIBEN PACTO NACIONAL DE UNIDAD POR LA SALUD Y LA VIDA DE TODOS LOS COLOMBIANOS, EN EL MISMO COMUNICADO SE CONVOCAN CACEROLAZOS, SE PIDEN NEGOCIACIONES CON EL GRUPO TERRORISTA ELN Y DESARROLLAR A CABALIDAD LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE OTRAS COSAS
Información suministrada por Aydee Gomez para El Justiciero
132 organizaciones sociales, gremiales, sindicales, étnicas y comunitarias del país e importantes personalidades del país suscriben el Pacto Nacional de Unidad por la Salud y la Vida de todos los colombianos y colombianas, para exigir a las autoridades nacionales y departamentales:
• Garantizar el acceso universal a la atención integral en salud y la atención de los determinantes sociales para los y las habitantes de Colombia, conforme a la Ley Estatutaria que consagra el derecho fundamental a la Salud. (Ley 1751 de 2015).
• Detener de forma inmediata los procesos de reapertura de actividades y realización de pilotajes, mientras la curva epidemiológica esté en ascenso, so pena de poner en grave riesgo a la población, especialmente a aquellos territorios que carecen de las infraestructuras sanitarias para atender a los pacientes de manera oportuna.
• Garantizar la autoridad sanitaria en los departamentos y municipios para una gobernanza unificada de la salud pública. Unir todos los recursos de promoción, prevención y cuidado primario de la salud, manejados por las EPS, con los recursos departamentales, municipales y los recursos nacionales ordinarios y extraordinarios, para ser manejados desde la autoridad sanitaria sin ninguna intermediación.
Giro directo a los prestadores en forma descentralizada con transparencia y control de estos recursos por parte de todos los organismos de control, veeduría ciudadana y sistemas públicos de información. Esta decisión abriría paso a una salud pública descentralizada y a una dirección unificada de la red de prestadores de servicios de salud, así como al incremento de recursos de inversión significativos a la altura de los retos país. La toma de muestras y entregas de resultados de pruebas, seguimiento, cercos epidemiólogos, y aislamientos podrá ser controlada por la autoridad sanitaria, que entregará resultados a la ciudadanía en tiempo real.
• Duplicar la capacidad de realización de pruebas de detección del Covid-19, incrementar la búsqueda activa en grupos de riesgo: trabajadores-as de la salud, personas mayores, pacientes crónicos, informales, conductores de vehículos de servicio público, tenderos-as, almacenistas, domiciliarios-as, cajeros-as, comunidades indígenas y afrocolombianas, población privada de la libertad, policiales, militares y servidores-as públicos con actividades de alta exposición, personas en ejercicio de la prostitución, migrantes, población recicladora, habitantes de calle, y poner en funcionamiento los laboratorios de salud pública en los departamentos donde no se cuenta con esta capacidad.
• Ponerse al día de manera URGENTE con el pago de las deudas a las clínicas y hospitales, de modo que se cancelen los salarios atrasados. La financiación para el funcionamiento de la red pública hospitalaria debe estar a cargo del Estado. El Hospital San Juan de Dios, patrimonio de los colombianos-as, debe ser recuperado para la salud pública de los-as habitantes de Bogotá y del país.
• Establecer fecha no superior a 6 meses para la formalización laboral y trabajo digno, decente y protegido en el sector salud, ampliar las plantas de la red pública y asegurar contratos de mínimo un año en IPS privadas, evitar a toda costa que los trabajadores-as sean el factor de ajuste de los desequilibrios financieros del mercado de la salud. Pagar de forma inmediata todos los salarios atrasados a los-as trabajadores de la salud.
• El sector salud forma parte de la población colombiana, son ciudadanas y ciudadanos titulares de derechos y garantías plenas, el Estado, los empleadores y las ARL se deben a ellos, y deben participar en la dignificación del trabajo en salud con los equipamientos necesarios y la aplicación efectiva de protocolos de bioseguridad e higiene ocupacional que eviten la sobre carga laboral, seguros y coberturas reglamentarias para el personal, y en extensión para beneficio y seguridad de sus familias.
Reiteramos, el llamado a asegurar el suministro regular y continuo de todos los equipos de protección personal a los-as trabajadores de la salud para proteger sus vidas, las de sus familias y sus comunidades, como una responsabilidad indelegable del Estado Colombiano y el concurso de los empleadores, entidades territoriales de salud, EPS, IPS y Administradoras de Riesgos Laborales – ARL.
• Fortalecer y acelerar la implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud Integral e Integrada, que garantice promoción, prevención y atención desde el domicilio hasta el hospital, con enfoque familiar, intercultural, territorial y comunitario en todo el territorio nacional, garantizando los recursos financieros para los equipos multidisciplinarios y el apoyo de servicios de tele salud para el cuidado temprano de todos los problemas y necesidades prioritarias diferenciadas por territorio.
• Garantizar la Renta Social Básica para todos los ciudadanos y ciudadanas con vulnerabilidad económica como medida de emergencia ante la crisis humanitaria. Recursos suficientes de protección social y cuidado comunitario solidario que cubran alimentación, servicios públicos y arrendamiento. LA PROTECCIÓN ECONÓMICA SALVA VIDAS Y HACE VIABLE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO. Solamente las garantías vitales pueden apalancar el aislamiento social que se requiere para controlar la pandemia, con hambre y necesidades las personas saldrán de forma irremediable a rebuscarse porque su supervivencia dependen del día a día en la calle.
• Garantizar la gratuidad para mínimo vital en servicios públicos de estratos socio económicos 1 y 2 y subsidios para estratos 3 y 4, y recuperar el subsidio derogado por la Corte Constitucional, debido a fallas en el procedimiento por parte del gobierno nacional.
• Aprobar a la brevedad posible los protocolos autorizados de atención domiciliaria de casos COVID 19.
• Invertir en la investigación de estrategias preventivas, tratamiento y vacuna contra el Covid-19, aprendiendo de las mejores prácticas a nivel mundial, y propiciando intercambios con expertos. Integrar los saberes ancestrales, las medicinas tradicionales, el uso de plantas de los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales.
• Establecer un sistema de información público, en línea, que contemple aspectos financieros, administrativos, epidemiológicos, socio demográficos, ocupacionales, disponibilidad y contratación del personal de la salud, dotación hospitalaria, de la atención de la pandemia, que permita entender la dinámica desigual de contagio y letalidad, y toma decisiones ajustadas a la realidad, así como la veeduría ciudadana a la gestión en salud pública de la pandemia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cifras veraces, acceder a la información de primera mano y revisar las cuentas y el flujo de recursos invertido en la atención de la pandemia.
• Hacemos un llamado a la institucionalidad colombiana, la academia, la sociedad civil y el Sistemas de las Naciones Unidas a detener las muertes evitables por COVID 19, y actuar bajo el principio universal y ético de solidaridad y compasión humana, especialmente con las poblaciones más vulnerables y vulneradas de Colombia.
• Elevamos nuestras voces para repudiar el asesinato sistemático de nuestros líderes y lideresas sociales, el regreso de las masacres en diferentes territorios del país, el desplazamiento forzado, y conminamos al Estado Colombiano con el apoyo de la sociedad civil y los países garantes, a retomar los diálogos con el ELN, y cumplir a cabalidad y de forma íntegra los acuerdos de paz.
Finalmente, convocamos a un “GRAN CACEROLAZO NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA SALUD Y LA VIDA DE LOS COLOMBIANOS Y LAS COLOMBIANAS” para el día de *HOY viernes 7 de agosto a las 7:00 p.m. durante dos horas, desde los hogares, con mensajes, música y arte a través de redes sociales, para solicitar a una sola voz se detenga la tragedia de dolor y muerte ocasionada por la Pandemia del Covid-19, y expresar el respaldo al cambio urgente del modelo de salud exigido y aprobado en la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud, Ley 1751 de 2015.
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